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El Gobierno reafirma su compromiso con los programas de atención a personas reclusas con discapacidad intelectual

9 de septiembre de 2016

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La secretaria de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, Susana Camarero (Foto: Archivo)
La secretaria de Estado de Servicios Sociales e Igualdad en funciones, Susana Camarero, ha visitado el Centro Penitenciario de Estremera en el que, gracias a la asignación tributaria del IRPF del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y en colaboración con Instituciones Penitenciarias, se desarrolla un programa de atención integral a personas con discapacidad intelectual o del desarrollo.

La secretaria de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, Susana Camarero, ha reafirmado este jueves el compromiso del Gobierno con los programas de atención a personas reclusas con discapacidad intelectual. Lo ha hecho en una visita al Centro Penitenciario de Estremera en el que, gracias a la asignación tributaria del IRPF del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y en colaboración con Instituciones Penitenciarias, Plena inclusión Madrid desarrolla el programa "Atención integral a personas con discapacidad intelectual o del desarrollo, reclusas o ex reclusas, que cumplen medidas alternativas o se encuentran en procedimientos judiciales".

El programa consiste en desarrollar un conjunto de actuaciones habilitadoras, rehabilitadoras, de apoyo y asesoramiento para personas con discapacidad intelectual o del desarrollo que han cometido una falta y/o delito, y que pueden estar en situación preventiva (privativa o no de libertad), penados, con medida de seguridad (privativos o no de libertad), o ex reclusos, cuya finalidad consiste en que se respeten sus derechos como personas con discapacidad intelectual y fomentar su integración social.

Acompañada del secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Yuste, y del vicepresidente de Plena inclusión, Juan Pérez, la secretaria de Estado ha conocido de primera mano el trabajo que allí se realiza y la necesidad de capacitar a los profesionales de la Justicia, incluido el personal policial y penitenciario, para garantizar la detección de la discapacidad y el apoyo a estas personas, así como garantizar ajustes de procedimiento cuando se imponga la pena privativa de libertad que garantice el bienestar y la seguridad de estas personas, mucho más vulnerables por su discapacidad.

Aproximadamente, unas 1.900 personas de la población reclusa de la Administración General del Estado presentan algún tipo de discapacidad intelectual o problema de salud mental y entre el 60% y el 70% de las personas con discapacidad intelectual en prisión han llegado al Centro Penitenciario sin que se haya detectado previamente la existencia de la discapacidad.

Plena inclusión (antes FEAPS) lleva veinte años colaborando con las administraciones e instituciones penitenciarias gestionando este programa, que en la actualidad está apoyando a 1.200 personas en toda España en los Centros Penitenciarios de Aragón, Valencia, Asturias, Cataluña, Ceuta, Extremadura, Alicante, Cantabria, Canarias, Madrid, Castilla-La Mancha, Castilla-León, Galicia y Andalucía.
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