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El Partido Popular recurrirá el auto por el que se deniega el archivo de la causa abierta por la supuesta destrucción de datos informáticos de Bárcenas

28 de julio de 2016

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Tanto el Partido Popular como los investigados van a interponer recurso contra la decisión del Juzgado que resulta, en su opinión, abiertamente infundada y contraria a Derecho. La línea argumentativa del Auto se basa en la creencia acrítica en las palabras de Bárcenas, que no ha podido acreditar en el procedimiento que los ordenadores contuvieran información de ningún tipo. Sus meras acusaciones sin prueba no pueden servir, a juicio del Partido Popular para abrir un proceso penal, máxime cuando ya es sobradamente conocida la absoluta falta de credibilidad de lo que afirma quien ha cambiado sus versiones en muchas ocasiones, con el único objeto de dañar la imagen del Partido Popular. Debe recordarse que el propio Bárcenas le dijo al Juez Ruz que lo que aportaba ante la Audiencia Nacional era todo lo que supuestamente tenía en los ordenadores que en su día utilizó en la sede del Partido, aunque después mantenga lo contrario en este procedimiento.

La fundamentación de la decisión en las simples palabras de quien se encuentra encausado en varios procedimientos penales, sin la más mínima prueba que las avale, genera una grave indefensión y es, a juicio de los investigados, absolutamente contraria a uno de los principios más elementales del proceso penal, ya que es el que acusa quien tiene que probar sus afirmaciones, y no el acusado quien deba probar su inocencia. Por ello, el Auto que se va a recurrir infringe gravemente, en su opinión, el derecho a la presunción de inocencia de los investigados, pretendiendo dirigir contra ellos un proceso penal sin la más mínima prueba que lo sustente.

El Partido Popular quiere recordar que este procedimiento ya fue archivado en su día, por no resultar acreditada la comisión de ningún ilícito penal.

El Partido Popular manifiesta una vez más su más firme respaldo a los investigados en las presentes actuaciones y su confianza en que finalmente el Estado de Derecho acabe imponiendo su razón ante unas falsas acusaciones que tienen una exclusiva intencionalidad política, al margen por completo del ámbito de aplicación del Derecho penal.
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